El allanamiento del Valle de Lobos expuso serias falencias del INFUETUR en los centros invernales, Castelli reconoció que no había control de zoonosis ni de bromatología.

El presidente del INFUETUR, LUIS CASTELLI dejó expuesta la falta de controles en los centros invernales, tanto respecto de los canes como de los alimentos que consumen los turistas, al no tener injerencia Zoonosis ni el área de Bromatología municipal, ni haberse avanzado antes en convenios que contempla la ley de creación del organismo.

El titular del INFUETUR argumentó que existen zonas “grises” en la legislación, para justificar que nunca se realizaran controles sobre la situación de los perros de los centros invernales, y tampoco sobre los alimentos que consumen los turistas, al no tener competencia ni Zoonosis ni el área de Bromatología municipal. Castelli se excusó en la falta de profesionales en el organismo a su cargo, y ahora llegó a un acuerdo con la Municipalidad de Ushuaia para cumplir con las obligaciones que le impone la ley vigente.

Castelli, dejó expuesta la falta de controles en los centros invernales, tanto respecto de los canes como de los alimentos que consumen los turistas, al no tener injerencia Zoonosis ni el área de Bromatología municipal, ni haberse avanzado antes en convenios que contempla la ley de creación del organismo.

La tarea comienza a realizarse ahora, tras un acuerdo con el Municipio de Ushuaia que surgió a raíz de las denuncias de organizaciones civiles por el presunto maltrato animal en Valle de Lobos.

Este martes fue allanado el centro invernal por orden del Juez De Gamas Soler, y hubo en paralelo una intervención de INFUETUR y el Municipio capitalino. En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, el funcionario argumentó que “el INFUETUR no es una autoridad sanitaria” y que el organismo “no tiene veterinarios”. Respecto de área de Salud de la provincia, dijo que “no tiene injerencia en esos aspectos”.

Los pasos se aceleraron a instancias de las irregularidades expuestas por las ONG: “Nosotros nos hicimos eco de la denuncia planteada por las organizaciones, hablamos rápidamente con las autoridades de salud para poner en marcha un protocolo que se venía estudiando en el marco del plan de manejo del Valle Tierra Mayor. Convocamos también al Municipio para ver si, a través de las áreas específicas de Zoonosis y Bromatología, podían colaborar con nosotros en la inspección de esos lugares”, manifestó.

Sin embargo, desde 2013 en adelante los turistas que han pasado por Valle de Lobos vienen denunciando en distintos sitios de internet el mal estado de los canes, y las organizaciones protectoras desde hace tiempo reclamaban respuestas del estado.

Tuvo que mediar una acción penal para que aparecieran: “Nos pusimos de acuerdo con el Municipio, determinamos una fecha para ir a hacer el procedimiento, no sólo a Valle de Lobos sino a todos los centros del valle de Tierra Mayor. Se comenzó justamente el martes, con la casualidad de que, a raíz de la denuncia penal de una de las organizaciones, el juez mandó allanar el lugar y confluyeron allí todas las autoridades. Hubo un proceso por dos vías distintas y coincidió en el lugar denunciado”, sostuvo Castelli.

En virtud del convenio recientemente celebrado, hubo tareas de vacunación y desparasitación de los perros. “No se llegó a realizar el mismo operativo en el otro centro que estaba previsto, porque la cuestión del allanamiento demoró todo el procedimiento y se terminó bien entrada la tarde. Se logró el objetivo de tomar información de los perros del centro invernal, se los desparasitó y se va a seguir con este control a partir del convenio que hicimos con el municipio”, aseguró.

Actualmente hay “cinco centros invernales” que ofrecen paseos en trineos tirados por perros fuera del ejido urbano “y nosotros vamos a operar con esta metodología no sólo en el centro denunciado. Empezamos por ahí por la urgencia del caso y vamos a seguir controlando de manera permanente, mediante este convenio”, se comprometió.

Según Castelli, hay un vacío legal y no está determinada la responsabilidad de la provincia: “Es difuso, no hay un organismo provincial que se tenga que encargar de esto, por eso nos hicimos eco de la denuncia y lo que hicimos fue convocar a distintos organismos con profesionales idóneos para llevar esto adelante. Se trata de una tarea de coordinación. En el marco del plan de manejo del valle Tierra Mayor, planteamos llevar adelante estas acciones en conjunto con el municipio y las áreas de salud de la provincia”, manifestó.

“Una vez que se expidan los organismos técnicos que convocamos y puedan constatar el estado de salud y el estado técnico, podremos tomar decisiones de habilitación o no habilitación, en base a esos informes”, señaló y, respecto del rol del INFUETUR, hasta ahora se limitaba a “una habilitación turística, como prestadores. En ese marco aparece el gris sobre quién realiza el control de salud de los canes”, insistió.

Bromatología ausente

Sin injerencia fuera de los límites de Ushuaia, el municipio no podía hacer controles bromatológicos en estos centros turísticos, y la tarea comenzará ahora, por el convenio con el INFUETUR, pero lo cierto es que hasta el presente no se controlaban los alimentos que se ofrecían a los turistas.

Así fue reconocido por Castelli, al señalar que “es otro de los aspectos sobre el que acordamos con el municipio llevar adelante una acción conjunta. No había un control adecuado, por eso nos pusimos al frente del problema en lugar de mirar para otro lado, y vamos a tratar de solucionarlo en conjunto”.

Qué dice la ley

La ley de creación del INFUETUR, Nro. 390, fue publicada en 1989 y establece la competencia del organismo en el control de los centros turísticos. Entre los objetivos, fija la obligación de “habilitar y supervisar las prestaciones de servicios turísticos”; “proponer las normas correspondientes para una mejor conducción de la actividad turística”; “proponer y aplicar normas reguladoras para una eficaz prestación de los servicios, coordinando acciones con organismos públicos y privados”; “registrar, categorizar y controlar los servicios”.

La ley territorial Nro. 390 fue reemplazada en 1993 por la ley provincial Nro. 65, actualmente en vigencia y coloca sobre el INFUETUR, como autoridad de aplicación, la responsabilidad de “fiscalización, planificación, programación, fomento, supervisión de actividades y servicios turísticos”.

Para el logro de los objetivos, contempla “la permanente actualización, revisión y formulación del conjunto normativo encargado de regular el turismo”, y pone en cabeza del INFUETUR la responsabilidad de “propiciar la celebración de convenios con organismos internacionales, nacionales, provinciales, municipales y comunales, públicos, privados o mixtos relacionados con el turismo; organizar e implementar la supervisión, fiscalización y habilitación de todos los servicios turísticos que se presten en la Provincia, estableciendo un régimen de contravenciones y sanciones al respecto”.

En el artículo 22, indica claramente que “la Autoridad de Aplicación a través de convenios podrá transferir a los municipios y comunas las funciones que se determinen en los mismos”.

Sobre la facultad específica del presidente del organismo, además de proponer leyes al Ejecutivo, señala que deberá “disponer la afectación de recursos humanos y económicos para propósitos específicos; celebrar convenios con entes públicos o privados para ejercer la supervisión, fiscalización y habilitación de los servicios turísticos”.

Fte e Img: P23.com

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