LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
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Nuevo Código Penal: avances en la lucha contra la corrupción
Mendoza: El debate de los próximos meses en torno el nuevo Código Penal -que el Ejecutivo giró al Senado esta semana- representa, ante todo, un síntoma muy fuerte de madurez política. En momentos en que una declaración altisonante o una foto de campaña dan más réditos en los medios que una propuesta, cumplimos con nuestra palabra de dar las discusiones necesarias para sentar las bases de una Argentina próspera y justa.
En este sentido, la llegada al Congreso del proyecto oficial es una noticia muy saludable, que nos estimula a todos los legisladores a trabajar muy duro en las próximas semanas para confeccionar un marco legal moderno, que esté a la altura de los tiempos que vivimos y de los que vendrán.
Las reformas a la legislación actual serán profundas y abordarán múltiples áreas. Deseo analizar en los párrafos que siguen un tema que me desvela: la corrupción. Estoy convencida que es una herida que no deja de sangrar, y mientras no podamos cerrarla, será muy difícil dar pasos certeros en la dirección que pretendemos.
El aumento de las escalas penales para los delitos de corrupción es fundamental, como lo es también la ampliación de la figura del decomiso. Con el nuevo Código -en línea con el decreto de extinción de dominio firmado por el presidente- la Justicia tendrá la posibilidad de decomisar los bienes anticipadamente para todos los delitos, entre ellos la corrupción.
Se prevén, además, penas más graves para delitos de cohecho pasivo y activo y soborno transnacional, si el funcionario implicado ocupa cargos de alta responsabilidad política e institucional, por ejemplo el presidente, gobernadores y legisladores, entre otros.
Hemos observado recurrentemente el triste espectáculo de negocios turbios en las obras sociales, instituciones que deberían ser un paradigma de la transparencia y el buen servicio a sus afiliados. Por ello es muy positiva la ampliación del sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito a todas aquellas personas que, por ley, deben presentar declaraciones juradas patrimoniales, entre quienes están, por supuesto, quienes manejan las obras sociales de los trabajadores.
Las modificaciones son muchas, y sin dudas, el proceso parlamentario que comenzará en los próximos días aportará otras. Pero es evidente la intención del oficialismo de continuar construyendo un Estado que, por un lado, despliegue con éxito mecanismos para prevenir los actos de corrupción, y por otro, castigue con dureza a quienes los cometen.
La pelea contra la corrupción le queda grande a cualquier persona y a todos los partidos. Debe ser fruto de un compromiso amplio y honesto de todo el arco político: somos los primeros que tenemos que dar señales claras de que vamos a tener tolerancia cero para que los que no tienen ningún respeto por la cosa pública.
Claudia Najul - Diputada Nacional Unión Cívica Radical
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