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REFORMA JUDICIAL

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Santa Fe - Esperanza: Argentina se encuentra, una vez más, amenazada en su accidentada historia.

Con algunos altibajos, durante el período democrático inaugurado en 1983, la República sustentó el orden constitucional sobre la base de la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asegurando a los ciudadanos el goce de sus derechos políticos e individuales.
Ahora nos enfrentamos con una reforma remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que modifica sustancialmente la forma de prestar Justicia, incrementando significativamente el número de Jueces y Cámaras de Apelación. Se hace sin el necesario debate en los lugares que corresponde, es decir, las Universidades Nacionales y Privadas del país, con intervención de juristas y especialistas, los Colegios de Abogados y de Magistrados, con representantes del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, lo cual pone en evidencia lo poco creíble de la finalidad que dice buscar: obtener una justicia rápida y eficiente.
Es un hecho notorio que la prestación del servicio de justicia, no sólo el federal, sino el de todos los distintos estamentos, dista mucho de la perfección; pero aun así garantiza la normal convivencia de los ciudadanos.
Si con el número actual de jueces resulta ineficiente, es utópico pensar que duplicando o triplicando los mismos el resultado va a ser otro: ya los jueces federales de la Justicia Penal Federal de la ciudad de Buenos Aires fueron duplicados en el gobierno justicialista de 1989/1999 y el resultado fue nefasto.
No nos olvidemos de que el propio Senado, que ahora se apresta a aprobar este engendro, ha declarado la emergencia edilicia del Poder Judicial Federal, porque no pueden celebrarse las audiencias de los juicios orales por falta de espacios y tecnología apropiada; o sea que se nombrarán cientos de jueces y su correspondiente  personal, quienes no podrán celebrar audiencia por falta de espacio.
Con estas consideraciones, es evidente que todo lo contenido en el proyecto elevado, aún si se aprobara, no se podría concretar, por cuanto no se cuenta con los recursos necesarios para dotar de infraestructura ni de cargos.
La solución no es el sobredimensionamiento de un sistema obsoleto, sino un cambio de paradigma. Debemos poner plenamente en vigencia en todo el territorio de la Nación el postergado e indispensable “Nuevo Código de Procedimiento Penal Acusatorio”, inscripto en la Reforma Constitucional de 1994, sancionado en 2014, no implementado en toda su dimensión (“por falta de presupuesto”, aunque está claro que para algunas cuestiones sí lo hay) y que tan probada eficacia ha mostrado en el mundo en la persecución de los delitos de criminalidad organizada, como lo son corrupción, narcotráfico o trata de personas, justamente porque pone en manos de los fiscales (y no de los jueces) la investigación.
Pero, como la finalidad buscada es la impunidad de los funcionarios públicos que defraudaron el país, insistirán en la pretendida “reforma”, sin importar las consecuencias; porque su finalidad es la venganza contra quienes pretendieron que se aplique la ley en casos de corrupción.
Por eso, quieren cubrir la nueva Cámara de Casación con jueces subrogantes, sin estabilidad ni independencia para que los casos de corrupción caigan en definitiva en jueces maleables y, así, obtener absoluciones pese a la notoria responsabilidad penal que muchos tienen.
A su vez, a través de jueces militantes colocados ex-profeso se podrá perseguir a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos, para dar la impresión al pueblo de que TODOS son parte de lo mismo, lo cual no es cierto.
Lamentablemente, la rimbombante reforma judicial que sólo oculta lograr la impunidad y la venganza, agotará importantes recursos, creando una estructura judicial cuya dimensión se ha duplicado a la del proyecto original del Poder Ejecutivo, siendo la obtención de los cargos la moneda de cambio por los votos.
Lamentablemente, agotaremos en soluciones viejas, los limitados y escasos recursos que serían fundamentales para poner en vigencia en todo el territorio de la Nación al “Nuevo Código Procesal Penal Acusatorio”.
Solamente el pueblo, defendiendo la República, puede impedir que se consume la fatídica maniobra y se evite el deplorable precedente de futuros atropellos. 
 
Ana Copes - Secretaria General Partido Demócrata Progresista
Fte e Img: Esperanza Día x Día
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